La explosión social que hemos vivido en estos días fue inesperada, pero surgió de una tensión acumulada hace ya mucho tiempo en nuestra sociedad. Ha sido producto de las desigualdades y de la evidente falla de nuestro sistema político para ser un real espejo de las necesidades ciudadanas. La cuestión de fondo es que no supimos leer los síntomas y la enfermedad social se ha desatado en forma incontenible El tratamiento generoso que el sistema ha tenido con actos de gran corrupción ha ido aparejado con el costo inmisericorde que los servicios representan para la ciudadanía, la mala situación de los servicios públicos y el deficiente cuidado por la seguridad ciudadana. Pensiones indignas, frente a las cuales nuestros políticos han sido incapaces de avanzar en una solución, y un total desdén hacia la tercera edad y su clamor por frenar el pago de contribuciones que expropian su ahorro de toda la vida. Una educación deficiente, que cuida más bien lo cosmético pero no lo profundo de la formación de personas, cuya consecuencia es justamente lo que estamos sufriendo en estos días de violencia, saqueos y desobediencia civil. Una salud pública indigna de un país con nuestros avances en materia económica, y que lleva mayor sufrimiento al que sufre por su deterioro No hemos tenido un ápice de cuidado con la solidaridad y el humanismo que toda sociedad civilizada requiere, y no hemos tenido la menor preocupación ante la crisis social e institucional que hace años se viene incubando, en el marco de una deteriorada distribución del ingreso. Por el contrario, hemos sostenido una educación que cimenta mayor desigualdad hacia el futuro. Nos hemos preocupado de instalar un sistema político basado en privilegios, de lo cual lo más representativo son nuestros parlamentarios y la magnitud que han alcanzado las reparticiones ministeriales solo comparables a su magnífica ineficiencia. Regiones cada vez más lejos de los beneficios al que sólo accede la parte central del país, pero que relega a muchos al abandono, la precariedad y la frustración. Todo esto ha sido un cultivo que ha tomado tiempo, pero que ahora ya florece con todas sus nefastas consecuencias.
Es cierto, ha habido en estos días manifestaciones por parte de una ciudadanía hastiada tras la cual, desafortunadamente, se parapeta la delincuencia y el terrorismo, trayendo violencia, saqueos y todo tipo de actos desvergonzados. No hay manera ahora de separarlos ni es prudente gastar esfuerzos en atribuirlo o no a la situación de fondo, puesto que eso conduce al debate sin sentido que protagonizan hoy día muchos políticos y columnistas. El tema es atacar los severos males de fondo que han desatado esta situación de protesta, lo cual requiere un cuidadoso diálogo de la política y sus representantes con la ciudadanía dentro de un marco específico de propuestas y compromisos. No era el costo del pasaje del Metro el problema, sino sólo el síntoma que gatilló la cruenta manifestación de la enfermedad social que estamos viviendo. Aliviar ese síntoma, como se ha hecho hasta ahora, no soluciona el problema de fondo que agobia a la población chilena la cual, por otra parte, no quiere violencia ni robos, pero si justicia y mayor igualdad. Por eso, la propuesta debe ser amplia y partir del reconocimiento acerca de la crisis que vivimos, envolviendo ello por necesidad debida transparencia y compromiso de los actores políticos todos, tanto de gobierno como de oposición. Nadie supo leer bien lo que envolvía la crisis del Instituto Nacional, la protesta escolar o la actitud que han adquirido los estudiantes de la U. de Chile; todo eso revelaba una insatisfacción, una gran frustración, una enorme desorientación que debimos haber asumido y tratado a tiempo.
La agenda de cambios debe envolver una severa reducción de gastos en el Parlamento y en el Gobierno, para así financiar un mejor pilar solidario para las pensiones. Debe también considerar una reforma tributaria que favorezca a la gente, como es reduciendo el pago de contribuciones y eliminándolas para la tercera edad. Hay que proceder a una reforma profunda del Código de aguas, revisar los sistemas tarifarios existentes para todos los servicios básicos, y diseñar un más efectivo apoyo a la salud y educación públicas. También un plan efectivo para integrar a la sociedad a los cerca de 300.000 jóvenes que están expuestos a delinquir para sobrevivir. Si los políticos no están dispuestos a dialogar sobre esta base junto a otros compromisos necesarios, para así dar pie a un nuevo acuerdo social, el problema persistirá y la enfermedad seguirá propagándose. Por eso se requiere una visión y propuesta de la política en su conjunto, más allá de declaraciones espúreas sobre lo que estamos sufriendo y observando, cruzando acusaciones y dejando los temas de fondo en un impresentable trasfondo. La ciudadanía quiere respuestas y una actitud de la clase política, más bien que sólo del Presidente, del Gobierno o de las agrupaciones políticas. Es un tema de Estado, que definirá el curso que adopte nuestra sociedad en el futuro.
Hace más de un siglo atrás Enrique Mc Iver diagnosticó que los chilenos no eramos felices, especialmente por la desidia y abandono de sus tareas por parte del Estado. Ese diagnóstico es hoy plenamente válido, y se constituye en una verdadera vergüenza para todos quienes hemos defendido la consolidación de nuestra democracia y el progreso de Chile.
Luis Riveros Cornejo, doctor en Economía por la Universidad de California y exrector de la Universidad de Chile. Actualmente es Decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Central, y vicepresidente de la Corporación de Investigaciones Sociales (CISO).
