El anuncio lo realizó el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien comentó que este cuarto decreto considera sumar 29 nuevos tratamientos y comenzará a regir desde el próximo lunes 1 de julio.
El primer decreto de la Ley 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, fue promulgado el año 2015 y creó un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.
Para el cuarto decreto, que se publicará esta semana en el Diario Oficial y entrará en vigencia el 1 de julio de 2019, fueron incorporadas garantías para 12 problemas de salud, de las cuales nueve corresponden a nuevas enfermedades y tres son ampliaciones de alternativas terapéuticas o subgrupos de pacientes que ya son parte de la LRS. Esto permitirá llegar a un total de 27 problemas de salud con tratamiento garantizado, lo que representa un aumento de $23 mil millones al fondo presupuestario de la Ley.
“Este decreto representa el máximo esfuerzo que hemos hecho como país para entregar cobertura de atención a más de cuatro mil pacientes que viven con enfermedades de alto costo. Estas personas tendrán cobertura para sus terapias, que oscilan entre los tres millones y los 28 millones de pesos”, señaló el Secretario de Estado.
El ministro Santelices agregó que “esta ley se debe seguir perfeccionando en su implementación y diseño, tal como nos lo han hecho ver las organizaciones de pacientes cuando fueron informados de este último decreto. Este es el camino que como país, desde el Gobierno y bajo los principios de justicia sanitaria, estamos transitando para entregar progresivamente más y mejores respuestas a la dramática situación de muchos pacientes que viven con enfermedades de alto costo”.
Las enfermedades ingresadas son las siguientes: epidermólisis bullosa, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tumores del estroma gastrointestinal (GIST), inmunodeficiencia primaria, artritis psoriásica, colitis ulcerosa, mielofibrosis, lupus eritematoso sistemático y la enfermedad de Huntington.
El impacto individual por paciente significa una cobertura anual de tres millones 190 mil pesos y 28 millones 45 mil pesos en tratamientos.
Para cada proceso se deben llevar a cabo una serie de etapas o subprocesos, como la recepción y el análisis de solicitudes, la evaluación científica de la evidencia disponible y la priorización y decisión de incorporación de nuevas garantías para el nuevo decreto de la LRS, como se indica en su cuerpo legal.
Todo lo anterior se encuentra normado por la propia ley y por el reglamento que establece el proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con un sistema de protección financiera, según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley n° 20.850 dictados a través del decreto N°13 de 2017 del Ministerio de Salud.
