Por Rodrigo Ramírez, Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital – IDICAM Chile.
Como cada año recordamos a quienes perdieron la vida y las consecuencias del 27 de Febrero del 2010. Para la gestión pública trajo la introducción de protocolos y notables medidas que le permiten al país contar con un adecuado marco de actuación ante situaciones de emergencia y catástrofe, sin embargo, aún no existe la convicción que el Estado cuente con su propia red nacional de comunicaciones y misión crítica para gestionar este tipo de situaciones.
Los avances registrados desde ese acontecimiento van desde empoderar a los organismos encargados, instalar un Sistema de Gestión de Emergencia, un espacio de coordinación entre las instituciones públicas, junto a actores del sector privado, donde el Estado pueda contar con información oportuna y confiable, permitiendo hacer una mejor gestión y tomar decisiones con la mayor evidencia posible para abordar este tipo de situaciones. El Sistema se nutre, entre otros insumos, desde los aportes del sector de las telecomunicaciones, que desde un NOC (Network Operation Center) que opera 24/7, y que interactúa con los operadores, ante cualquier alerta del sistema, visualiza y genera reportes ante cualquier incidencia o afectación de los servicios. Paralelamente, se introdujeron nuevos estándares de calidad de servicio para las redes móviles, mayor rendimiento de redes desagregadas, aumentó los kilómetros de redes de respaldo, también la capacidad de transmisión de mensajes de texto, SMS. A su vez, con el objeto de asegurar la recuperación y continuidad de los servicios en condiciones críticas y de emergencia del servicio público de telecomunicaciones, se desplegó un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el propósito de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia, resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe. Así más de 9 mil sitios, infraestructura de sistemas radiantes, entraban en Nivel 1 y Nivel 2, previendo su mantención, asegurando su autonomía de energía y suministro de combustible por varias horas continuas.
Otra de las innovaciones introducidas, ocurrió el sábado 23 de Septiembre del 2018, cuando entra en vigor el reglamento Multibanda con el Sistema de Alerta de Emergencia SAE, donde se exige que todos los teléfonos móviles que se comercialicen en el país estén homologados para recibir los mensajes SAE que envía ONEMI, consistentes en aquellos avisos, pop up, sonidos, vibraciones, que permiten alertar a la población cuando hay riesgos debido a algún fenómeno, natural o no, que puede poner en riesgo su vida (tsunamis, aludes, erupciones, sismos, incendios, etc).
Asimismo, esta normativa, exige que el teléfono móvil debe funcionar en todas las bandas de frecuencia disponibles y desbloqueado para su uso en cualquier compañía móvil del país.
También se perfeccionó la institucionalidad, formalizando la Coordinación en Situaciones de Emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, COE Regional y las autoridades que participan de la situación de Emergencia.
Regulatoriamente se permitió la entrada de nuevos actores, los operadores de infraestructura de telecomunicaciones, abriendo el mercado, introduciendo otra lógica en la industria, incorporando la provisión de infraestructura y de servicios en niveles de capas distintas.
No sólo el mundo móvil sufrió modificaciones, el mundo de la radiodifusión sonora también tuvo su adecuación, permitiéndoles la operación de estaciones adicionales durante emergencias y la implementación de plataforma electrónica para los radioaficionados. La Televisión Digital Terrestre aún no introduce de manera masiva el Sistema de Alerta que contempla la norma ISBT.
Con todo esto, y cuando se discute en el Parlamento la institucionalidad que gestione la emergencia en el país, con más atribuciones y recursos, aún falta consolidar un sistema único de comunicaciones en situaciones de emergencia. La mayor barrera ha sido su alto costo. Actualmente, el Estado chileno no cuenta con infraestructura de telecomunicaciones en banda ancha con estándar de misión crítica que permita integrar redes de comunicaciones para emergencias. Hasta hoy, dicho sistema funciona por las redes de los operadores privados, en forma disgregada, siendo imprescindible que el Estado cuente y gestione su propia red de comunicaciones, robusta, interoperable, confiable, escalable, portable, resiliente y redundante, con alta disponibilidad y con gran capacidad de transmisión de datos, configurada sobre la lógica de un solo sistema donde convergen todos los organismos, servicios y responsables de gestionar la emergencia.
Existen por el mundo diferentes modelos de inversión y de operación de redes para comunicaciones de emergencia y misión crítica, desde redes totalmente dedicadas hasta modelos mixtos, con participación activa del sector privado, pero con una gobernanza gestionada por el Estado, pero en todos esos casos contemplan una solución integrada de comunicaciones con plataforma multiservicios, infraestructura con estándar para misión crítica, con atención y respuesta 24/7; con identificación de usuarios mínimos; con una red distribuida de alta disponibilidad y encriptada; servicios de voz, video y datos de banda ancha; capacidad y tráfico garantizado para los organismos que gestionan las variadas y diferentes situaciones de emergencia; con modelos y sistemas de despliegue rápido en cada una de las regiones del país, que permitan unificar las comunicaciones con los mandos locales, regionales y nacionales; acceso a tecnologías y dispositivos con estándar abierto y con cobertura garantizada hasta el nivel local.
Cada año, cuando se nos vienen los recuerdos de ese 27 Febrero del 2010, y que para nuestra región del Maule significa un día de dolor, es también oportuno volver a insistir sobre aquél papel que tiene el Estado para asegurar la gestión de sus comunicaciones en emergencias, la que no puede depender exclusivamente de los sistemas y redes privadas, menos endosarle la responsabilidad a esas redes que no han sido diseñadas para ese objeto, atendido el hecho que aquellas situaciones de emergencia o catástrofe en que gran parte de la población resulta afectada se presentan en territorios aislados, de difícil acceso y que usualmente llevan aparejada la indisponibilidad de redes, debido a sobrecargas, pérdida de energía, daños de infraestructura, corte de cables y/o falta de cobertura en la zona afectada, lo cual refuerza la idea de que es el momento de decidir si queremos o no, esta tantas veces invocada red, que sea capaz de soportar y gestionar una emergencia en el país.
