El senador busca que los altos mandos de las Fuerzas Armadas o servicios públicos, deban rendir las millonarias cifras en gasto reservado que disponen, para no ser ocupadas en beneficios personales.

Regalos de cumpleaños a oficiales de alto rango y a sus señoras. Mantención de la vivienda. Celebraciones de Navidad. Pago de cuotas del Rotary Club. $6 millones mensuales de sobresueldo. Gastos personales en viajes al extranjero. Estas son solo algunas de las cosas en que se gastó el dinero de gastos reservados del Ejército el ex comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba. Por lo cual se le levantaron cargos por malversación de fondos por sobre los $3.500 millones

Una realidad donde el abuso no tiene límites, pues claro, si tanto la Presidencia los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores; la Dirección de Fronteras, Límites de Estado y Seguridad Pública; Subsecretaría de Guerra, Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuentan con dineros para gastos reservados, los cuales actualmente no se encuentran sujetos a un control detallado en cuando a su uso, sino que se entrega al buen comportamiento del funcionario encargado de llevar a cabo la inversión.

Miles de millones han tenido mal uso por esta causa. Por lo mismo, el senador Juan Castro presentó un proyecto que modifica la Ley 19.863, en relación a la forma de rendición de los gastos reservados, y acciones del Congreso frente al mal uso de recursos públicos. “Acá se está abusando de estos recursos para beneficios personales, eso es una realidad que debemos cambiar, pues las cifras son millonarias”, explicó el senador.

Además Castro agregó que “es fundamental que se rinda cuentas a la Contraloría en un plazo prudente, y que el Contralor sea quien informe y evalúe si estos gastos fueron bien ocupados o no. No puede ser que un funcionario público se gaste varios millones de pesos en arreglar su casa, en viajes en primera clase o regalos para sus amigos. Eso es impresentable y debe ser normado”.

El proyecto

Juan Castro propone que estos gastos deben rendirse trimestralmente, en forma detallada a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, quien semestralmente informará el detalle del examen llevado a cabo respecto de las cuentas, señalando las observaciones que pudiese advertir a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado para el ejercicio de sus facultades.

Además, el retraso en la entrega de información o rendiciones de cuenta será una falta grave al principio de probidad y de deberes en su caso, lo que deberá ser sancionado como la ley establece. “Esperamos que el Ejecutivo considere nuestros planteamientos. Y claro está que si uno de los otros proyectos sobre esta materia avanza, nuestro contenido se presentará como indicación”, enfatizó el senador.